En el desarrollo de sus actividades económicas las sociedades o personas, pueden realizar operaciones que se consideran como Actividades Vulnerables y por tanto, se debe cumplir con los requisitos y obligaciones que señala la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero. De no hacerlo, esto genera implicaciones y consecuencias que van desde una sanción administrativa hasta una sanción de tipo penal.